Escrito por: Juan Diego Flórez
Durante más de una década, este recinto fue arrendado por el Instituto para la Economía Informal a una cooperativa de vendedores y vendedoras informales para ejercer sus actividades económicas, quienes firmaron acuerdos con el Distrito para establecerse allí. Sin embargo, 10 años después no se realizaron los pagos correspondientes por el arrendamiento de los espacios y tampoco por servicios públicos.
Es por esto que las obligaciones pendientes superan los $1.700 millones: más de $659 millones por concepto de arrendamiento, más de $945 millones por servicios públicos de agua y energía adeudados directamente a la entidad y más de $116 millones correspondientes al servicio de aseo con Promoambiental.
“Aquí hay una decisión judicial que debemos cumplir, pero también hay personas que llevan años construyendo su actividad económica en este lugar. Por eso decidimos abrir una posibilidad para que quienes quisieran continuar pudieran hacerlo bajo nuevas condiciones, con acuerdos de pago y nuevos contratos. Cumplir la ley también significa buscar alternativas que permitan avanzar”, señaló la directora del IPES, Catalina Arciniegas.
La actuación, por tanto, no corresponde a una decisión improvisada ni unilateral, sino al cumplimiento de una orden judicial.
Aunque la restitución del inmueble fue ordenada por la autoridad judicial, el Distrito, a través del Instituto para la Economía Social (IPES), decidió abrir la posibilidad de establecer acuerdos de pago y suscribir nuevos contratos, con el propósito de permitir la continuidad de las actividades económicas en el Recinto Ferial 20 de Julio y solventar las obligaciones.
De los 63 vendedores informales que permanecían en el lugar, 60 aceptaron esta nueva oportunidad, firmaron nuevos contratos y decidieron reconstruir su relación con el Distrito para continuar desarrollando sus actividades comerciales.
Así, más del 90 % de los vendedores decidió acogerse a la alternativa planteada por el Distrito y avanzar hacia una nueva etapa para el funcionamiento del recinto.
El objetivo es avanzar en la normalización de las obligaciones, garantizar el cumplimiento de la decisión judicial y generar condiciones para que los vendedores que permanecen en el recinto puedan desarrollar sus actividades de manera ordenada y sostenible. Por eso, aún hay 12 espacios disponibles para quienes quieran acceder a ellos en este sector, para ello consulte: www.ipes.gov.co
Oficina Asesora de Comunicaciones
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
Sede Centro
Carrera 9 # 10 - 59
