Este miércoles pasará a la historia como el día en que las vendedoras y los vendedores informales conocieron de manera oficial el articulado de la Política Pública que está dedicada única y exclusivamente a protegerlos y reconocerlos como actores indispensables de la economía popular de la ciudad.
Con una vigencia que va desde 2023 y hasta 2035, esta Política Pública de Vendedoras y Vendedores Informales – PPVVI -, es el producto de un arduo trabajo que se realizó de manera conjunta entre el Instituto para la Economía Social – IPES -, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaria Distrital de Gobierno, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, ciudadanía en general, Universidades y por supuesto vendedoras y vendedores informales, quienes aportaron una visión clara y contundente de las necesidades que tienen para poder desarrollar su trabajo día a día.
Para llegar a la construcción del documento que fue presentado y aprobado, se contó con la participación de más de 3.300 personas, dentro de este valioso grupo estuvieron el Consejo Distrital de Vendedores Informales, los Consejos Locales de Vendedores Informales, ciudadanía en general, entidades distritales, organizaciones de vendedores informales, universidades y representantes del comercio formal.
Con todos ellos se llevaron a cabo mesas de trabajo, reuniones, talleres, y mesas de concertación en las que poco a poco se fue llegando a lo que hoy es una realidad, la primera Política Pública de Vendedoras y Vendedores Informales.
Pero para que lo consignado en este texto cumpla su misión, se plantea como una necesidad fundamental el desarrollo de tres aspectos fundamentales, el primero apunta a mejorar las condiciones económicas y sociales de la población, el segundo se enfoca en mejorar el uso aprovechamiento y control del espacio público y el tercero consiste en fortalecer la gestión y comunicación de la oferta institucional para los y las vendedoras informales.
La apuesta por las zonas de colaboración popular, plantean la posibilidad de concentrar, geográficamente, diferentes acciones institucionales que garantizan al vendedor informal unas condiciones dignas para el ejercicio de su labor y al mismo tiempo se garantiza un uso adecuado del espacio público.
En estas zonas deberá existir:
Este plan contempla 2 enfoques fundamentales:
Si bien lo lidera la Secretaría de Seguridad, se busca trabajar institucionalmente con: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el IPES, Secretaría Distrital de Integración Social, el DADEP, la Policía Nacional, el Gaula, Alcaldías Locales, y Secretaría Distrital de Gobierno.
Es una estrategia clave para la población V.I., ya que representa una alternativa para acceder a préstamos sin la necesidad de acudir a fuentes de financiación abusivas y altamente peligrosas como el “GOTA A GOTA”, con alternativas para los V.I. y sus familias de tal manera que puedan acceder a crédito en condiciones justas, que no pongan en riesgo su vida y que les garantice recursos para apalancar sus actividades económicas.
Tal como quedo consagrado en el Acuerdo 812, esta política pública se compromete con avanzar en el registro, identificación y caracterización de la población vendedora informal reconociendo la importancia de este ejercicio para que pueda acceder de la mejor manera a los servicios institucionales.
Procesos formativos para la consolidación de ideas de negocio, la posibilidad de tener mejor conocimiento sobre tareas de administración de unidades productivas y el apoyo a emprendimientos, para terminar la primaria y el bachillerato y otra oferta que sea identificada y necesaria para los vendedores informales.
Los procesos de formación también incluyen: formación y capacitación de las y los Consejeros Distritales y Locales sobre su función y formación y capacitación para el fortalecimiento de las Organizaciones de Vendedores Informales.
Adicionalmente, para quienes estén interesados, se tendrá el servicio de formación y colocación de empleo liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico.
Este es el gran legado que esta administración deja para las miles de familias que encuentran en la venta informal su medio de subsistencia y progreso. Esta Política Pública no solo busca dignificar y reconocer el valor de vendedoras y vendedores informales para la economía de la ciudad, también brinda las herramientas necesarias para que, en algún punto, puedan convertirse en emprendedores y mejorar su calidad de vida.
Oficina Asesora de Comunicaciones
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
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