En San Victorino, ubicado en la localidad de Santa Fe y delimitado por la calle 13 y la calle 6, entre la carrera 10 y la Avenida Caracas, se concentra uno de los puntos estratégicos para la economía social de Bogotá. Allí, la intervención que lidera el Instituto para la Economía Social (IPES) busca impactar de manera positiva cerca de 3.100 personas que ejercen actividades informales, a través de procesos de organización, acompañamiento y acceso a programas institucionales.
Este fue uno de los resultados que destacó el director del IPES, Wilfredo Grajales Rosas, durante el debate de control político el cual se llevó a cabo este 14 de agosto en el Concejo de Bogotá.
“Necesitamos que el desarrollo económico de la ciudad llegue a los lugares donde trabajan los vendedores, y que al mismo tiempo podamos resolver los problemas de espacio público en esta zona del centro de Bogotá”, afirmó.
Las declaraciones se dieron en el marco del debate de control político citado por el Concejo de Bogotá, en el que se abordó la situación de avalúos de comerciantes formales, el orden público en San Victorino y la realidad de los vendedores informales que desarrollan su actividad en este tradicional sector de la capital.
Durante su intervención, Grajales expuso el trabajo que el IPES adelanta en la caracterización de vendedores informales ubicados en los alrededores del Gran San. Esta labor, que se inició el 12 de agosto y que se extenderá hasta el 31 de este mes, e involucra a 35 gestores y 18 profesionales dedicados a identificar y actualizar los registros de esta población, así como a ofrecer servicios y oportunidades que fortalezcan la ruta hacia la formalidad.
El director subrayó que este proceso se realiza con responsabilidad y coherencia, sin vulnerar los derechos de quienes ejercen actividades comerciales informales. “Se trata de ser serios y consistentes con las propuestas que hemos venido desarrollando, garantizando tanto el derecho al trabajo como el adecuado uso del espacio público”, agregó.
Con estas acciones, el IPES reafirma su compromiso de dignificar la labor de los vendedores informales, promover su inclusión económica y avanzar en la organización del comercio en zonas clave de la ciudad, contribuyendo a construir una Bogotá más ordenada, productiva e incluyente.
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